Recorrer los municipios del interior de la Argentina es asomarse a una realidad que rara vez ocupa los titulares, pero que define la calidad de vida de millones de personas: la gestión de los residuos sólidos urbanos. Detrás de cada plaza, de cada barrio, de cada escuela, hay un problema silencioso que se acumula literalmente a la vista de todos. Basurales a cielo abierto, micro basurales en esquinas sin frentistas, escombros arrojados en banquinas, restos de poda que nadie retira. Una postal que se repite con una uniformidad inquietante en los 2300 municipios del país.
Los números ayudan a dimensionar el desafío. El 93% de las jurisdicciones municipales argentinas tiene una población inferior a 50.000 habitantes, y el 74% no supera los 20.000. En su enorme mayoría, estos distritos no cuentan con plantas de separación, no disponen de estadísticas confiables sobre lo que generan ni caracterizan sus residuos. La tasa ALSMI que cobran a los vecinos financia apenas la recolección domiciliaria y el barrido, pero deja afuera todo lo demás: los áridos de construcción y demolición, los restos de poda, la fracción orgánica que fermenta y el rechazo que escapa al sistema formal y termina en basurales clandestinos.
Esa es, en rigor, la problemática común: cuatro corrientes de residuos que los municipios no logran capturar ni valorizar. Áridos y escombros, que representan cerca del 10% del total generado. Poda, otro 10%. Orgánicos, que rondan el 44% y se entierran sin tratamiento. Y un 30% de rechazo que es, con frecuencia, la antesala del basural informal. Sumado, es el 94% de lo que produce un municipio promedio. No estamos hablando de un problema marginal, sino del corazón mismo del servicio público de higiene urbana.
Frente a este panorama, desde hace tiempo venimos sosteniendo que la discusión no puede quedar atrapada entre la denuncia y la resignación. Existen soluciones técnicamente viables, económicamente sensatas y ambientalmente superadoras. Una de ellas es la propuesta que FUNDICTMA ha dado en llamar Estándar Básico Anti-disposición RSU (EBARSU), diseñada precisamente para las escalas de generación que caracterizan al interior argentino: hasta 300 toneladas diarias, cubriendo al 93% de los municipios del país.
¿En qué consiste? En centros integrales de tratamiento y valorización que articulan cuatro componentes. Primero, una planta de clasificación y tratamiento de residuos de construcción y demolición, con capacidad de hasta 21 toneladas diarias, que recupera áridos y los transforma en insumos para obras viales y civiles. Segundo, una planta de elaboración de compost y lombri compuesto, también de 21 toneladas diarias, que convierte los restos de poda en enmiendas orgánicas certificables por SENASA. Tercero —y aquí reside la innovación más disruptiva— una planta de transformación de la fracción orgánica y el rechazo, basada en una tecnología patentada ante el INPI en cotitularidad con la Universidad de Belgrano, que inertiza los residuos domiciliarios orgánicos y los convierte en ladrillos, bloques, pavimento articulado, cordón cuneta, rellenos artificiales y mobiliario urbano. Cuarto, una red de ecopuntos o sitios de disposición transitoria, pensada para mitigar los micro basurales donde hoy se concentra el arrojo informal.
La ventaja del planteo radica en su simplicidad y en su economía. Utiliza maquinaria básica, contenedores marítimos readecuados, tecnología de vanguardia pero de aplicación sencilla. Permite una ocupación intensiva de mano de obra —incluyendo a recicladores de base, cartoneros y cooperativas— y multiplica el impacto de las políticas sociales locales. En su enfoque ambiental, elimina basurales, recupera paisajes, reduce la huella de carbono, extiende la vida útil de los rellenos sanitarios e incluso los torna innecesarios. La anhelada "basura cero" deja de ser una consigna para volverse una meta operativa.
El costo de implementación, según el propio documento técnico, oscila entre 1,3 y 2,4 millones de dólares por localidad, según cuente o no con planta de separación previa. Cifras más que razonables si se las compara con los pasivos ambientales que hoy se acumulan y con los recursos que los municipios gastan año tras año en paliar los efectos de una gestión deficitaria. Además, la propuesta habilita el acceso a financiamiento internacional —BID, PNUD, Fondo de las Américas— y la obtención de Certificados de Reducción de Emisiones en el marco del Protocolo de Kioto.
La pregunta, entonces, no es técnica ni financiera. Es política. ¿Vamos a seguir tratando la basura como un problema inevitable del interior, o asumiremos de una vez que existen herramientas concretas para transformarla en oportunidad productiva, ambiental y social? La respuesta, estoy convencido, está en manos de intendentes, concejos deliberantes y comunidades que tengan la visión —y la decisión— de encararla. El tiempo de las excusas se ha agotado; el de las soluciones, recién comienza.