Durante años, el cambio climático fue tratado en la agenda pública argentina como un tema de cumbre internacional, de discurso de aniversario y de párrafo final en los informes ambientales. Era, hablando con franqueza, un asunto "de los otros": de los países industrializados, de los organismos multilaterales, de los científicos. Esa cómoda distancia se acabó. Tucumán, esta semana, fue la postal de un país que empieza a entender —desde abajo y a contrarreloj— que el clima ya no es una variable de fondo: es un factor estructural de la gestión pública.
La VIII Asamblea Nacional de Intendentes frente al Cambio Climático, organizada por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), reunió en San Miguel de Tucumán a más de 200 municipios con el objetivo de fortalecer las políticas locales de mitigación, adaptación y prevención frente a eventos climáticos extremos. Participaron representantes de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut, Salta, Corrientes, Chaco, Mendoza, Río Negro, Jujuy, Catamarca, Misiones, La Pampa y Santiago del Estero, entre otras provincias. El dato no es protocolar. Es político: la agenda climática argentina, mientras se desordena en lo nacional, se está reorganizando desde el territorio.
Quienes trabajamos hace más de una década en programas GIRSU, educación ambiental y formulación de proyectos para BID, PNUD o el Fondo de las Américas, sabemos que esa "vuelta al municipio" no es retórica: es la única arquitectura institucional capaz de procesar la velocidad y la heterogeneidad del fenómeno. Una tormenta severa en Bell Ville no se resuelve en un despacho porteño. Una ola de calor en Catamarca, una crecida en Concordia, un incendio en el Valle de Punilla: cada uno de esos eventos exige respuesta local, y cada respuesta local depende de capacidades técnicas, financieras y comunicacionales que el Estado nacional, hoy, no está en condiciones de proveer.
El intendente cordobés Daniel Passerini lo planteó con una crudeza que vale subrayar. "Mientras desde el Gobierno Nacional se desmantelan estaciones meteorológicas y se despide a especialistas bajo la excusa del ajuste, nosotros en Córdoba vemos la realidad: climas extremos que no perdonan. Cerrar servicios de alerta no es 'ahorro', es negligencia". Más allá de la coyuntura política, el diagnóstico técnico es inobjetable: sin red meteorológica robusta, sin sistemas de alerta temprana y sin servicios técnicos federales, los municipios quedan operando a ciegas. Y la gestión de riesgos a ciegas se paga, literalmente, con vidas.
¿Cuál es la salida? La respuesta no admite atajos retóricos, pero sí un programa concreto. Propongo organizarlo en cuatro ejes.
Primero, institucionalizar la planificación climática local. Cada municipio —independientemente de su tamaño— necesita un Plan Local de Acción Climática con metas medibles de mitigación, adaptación y gestión de riesgos. La RAMCC ya provee marcos metodológicos; el desafío es transformarlos en ordenanzas con financiamiento afectado y equipos técnicos estables.
Segundo, articular con la cooperación internacional. Mientras el presupuesto nacional se contrae, los organismos multilaterales (BID, PNUD, Fondo Verde para el Clima) mantienen ventanillas activas para gobiernos subnacionales. Formular proyectos elegibles —infraestructura verde, eficiencia energética, GIRSU, transición de flotas municipales— es hoy una competencia tan estratégica como saber gestionar la coparticipación. El que no formula, no financia. El que no financia, no transforma.
Tercero, recuperar la educación ambiental como política de Estado. No habrá adaptación posible sin ciudadanía informada. Los programas para nivel inicial, primario y secundario —que diseñamos en su momento para distritos como La Matanza— deberían escalarse a una agenda federal sostenida, articulada con docentes, inspectores municipales y organizaciones intermedias. La conducta ambiental no se decreta: se construye con pedagogía y persistencia.
Cuarto, comunicar sin grandilocuencia. El cambio climático perdió en la batalla del relato cuando se convirtió en eslogan. La gestión local debe hablar de cordones cuneta que evitan inundaciones, de arbolado urbano que baja la temperatura tres grados, de separación de residuos que reduce metano. La política climática que no se traduce en bienestar concreto, no convence ni vota.
La asamblea de Tucumán dejó una enseñanza que conviene no perder: la respuesta argentina al cambio climático será federal, municipalista y técnica, o no será. Mientras Buenos Aires discute si las estaciones meteorológicas son un gasto, en el interior del país los intendentes ya están trabajando con lo que tienen para que sus vecinos sigan teniendo, mañana, un lugar habitable. Esa diferencia de mirada —entre quienes ven el clima como planilla de Excel y quienes lo enfrentan en la calle— define, en última instancia, qué país queremos dejar.
El clima no espera. Los municipios, afortunadamente, tampoco.